Una propuesta para encontrar el 4%

Cuando escuchamos la noticia nos emocionamos. Por fin una propuesta para encontrar ese 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que debe inverir el Estado en el Ministerio de Educación. Esa propuesta, de la mano del senador Adriano Sánchez Roa, está contenida en una ley que recude el 50% de las exenciones fiscales y arancelarias que benefician a algunos sectores productivos.

Antes de celebrar la propuesta, sin embargo, hay que escuchar a todos los sectores involucrados. Porque, ¿qué pasa si castigamos demasiado la producción y no hay crecimiento económico? Los recursos no aparecerán.

Por otro lado, me parece contraproducente que el cumplimiento de la ley sea dependa directamenrte de reducir las exenciones. Una cosa no debe tener relación con la otra. El gobierno debe invertir el dinero que corresponde, independientemente del tipo de impuestos que paguen algunos sectores.

Muchas preguntas pueden surgir en torno a este tema. Por el momento, sin embargo, les dejo con la ley.





Proyecto de Ley que reduce al 50% el valor de las exenciones fiscales, arancelarias y otros beneficios otorgados por el Estado y asigna estos recursos recuperados a la educación, para el cumplimiento del 4% del PIB, estipulado en la Ley No.66-97, y pautado en el artículo 63 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que no obstante la profunda crisis económica y financiera que ha venido afectando al mundo, la República Dominicana ha podido alcanzar importantes logros en el manejo de la economía lo que ha permitido al país mantener un sostenido crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) y una relativa estabilidad en los principales indicadores macroeconómicos, caracterizada por una baja inflación y una disminución en el índice de desempleo, reconocido por los más importantes organismos internacionales y entidades empresariales y financieras nacionales.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que los insostenibles niveles de precios en que se encuentran el petróleo y sus derivados, así como las materias primas básicas en la alimentación humana, están obligando a la mayoría de los países no petroleros, como es el caso de la República Dominicana, a reinventar formulas y buscar nuevas alternativas que eviten el colapso de nuestra economía y hagan posible seguir enfrentando con éxito los terribles desafíos que amenazan nuestra Nación.

CONSIDERANDO TERCERO: Que amplios sectores empresariales, académicos, eclesiásticos, medios de comunicación, líderes políticos, de la sociedad civil y otros, coinciden en que la inversión en la educación es la estrategia más efectiva para superar los principales males que afectan al pueblo dominicano, por lo que es imperativo que toda la sociedad aúne esfuerzos con miras a procurar todos los recursos financieros, materiales, logísticos, humanos, tecnológicos y de otra índole, de manera que el desarrollo de la educación se convierta en una meta de todos.

CONSIDERANDO CUARTO: Que el difícil momento histórico que vive la Nación exige el sacrificio de todos los dominicanos de buena voluntad, especialmente de parte de los que más pueden, y que en este sentido el Poder Ejecutivo hizo el sacrificio posible para colocar una mayor partida presupuestaria a la educación en el presupuesto del año en curso.

CONSIDERANDO QUINTO: Que los registros oficiales revelan que el Estado dominicano otorga beneficios, incentivos y exenciones fiscales y arancelarios a los diferentes sectores económicos, comerciales, sociales y otros empresariales, por un valor total anual aproximado al 5.8% el PIB, equivalente al RD$ 115,275 millones.

CONSIDERANDO SEXTO: Que diferentes sectores de la sociedad civil, académicos, organismos de cooperación internacional, eclesiásticos, medios de comunicación, líderes políticos, grupos sociales, entre otros, han mostrado su preocupación por esas excesivas exenciones, tasas privilegiadas e incentivos a sectores, donde muchas veces cesaron los motivos que provocaron esos privilegios; y más preocupante es que en algunos casos esos privilegios afectan gravemente la productividad, la eficiencia y la competitividad interna creando, al mismo tiempo, grandes desequilibrios sectoriales y sociales.

CONSIDERANDO SEPTIMO: Que el Estado dominicano está en la obligación constitucional y legal de proveer el financiamiento a la educación en por lo menos el 4% estipulado en la Ley No.66-97, General de Educación y pautado en el Artículo 63 de nuestra Carta Magna.

CONSIDERANDO OCTAVO: Que pese a que en los últimos seis años el Gobierno Central, que encabeza el doctor Leonel Fernández, ha incrementado en un 554% el monto global a la educación, el impacto de la crisis económica internacional viene provocando dificultades presupuestarias sólo permiten disponer en el presupuesto vigente partidas económicas equivalentes al 2.87 % del PIB, aproximadamente, lo que obliga al gobierno a procurar los recursos financieros necesarios para completar por lo menos el 4% del PIB antes indicado, y dar cumplimiento así a los mandatos legales y constitucionales vigentes.
Vista: La Constitución de la República
Vista: La Ley No. 66-97, General de Educación.
Vistos: Los Reglamentos del Senado.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Artículo 1.- Se reduce de 5.8% a 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) los beneficios, incentivos y exenciones fiscales y arancelarios a otorgados por el Estado dominicano a los diferentes sectores económicos, empresariales, comerciales, zonas francas, turísticas, metalúrgicas, energéticas e industriales del país.

Artículo 2.- El 100% de los valores reducidos en el artículo anterior, equivalentes al 2.9% Producto Interno Bruto (PIB), se destinarán al financiamiento de la educación.

Artículo 3.- Los Ministerios de Hacienda y Educación quedan encargados de la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Artículo 4.- Se deroga o modifica cualquier Ley, parte de Ley, Decreto o Reglamento en cuanto sean contrarios a la presente Ley o en las partes que procedan.
DADA…
MOCION PRESENTADA POR:

ING. ADRIANO SANCHEZ ROA
Senador de la República
Provincia Elías Piña