Vestida de Pastoral, la opinión de nuestros obispos llega al mismo tiempo que la cobardía de nuestros diputados, que decidieron enviar a comisión las observaciones que el presidente Danilo Medina le hizo al Código Penal en lugar de discutir el tema. La presión, asumo, les pudo mucho más que la razón.
Para razones las de los curas, que quieren imponer su criterio sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, dando por sentado qué es más traumático para nosotras. "Es verdad que la violación produce un trauma en una mujer violada", reconocen sus eminencias. Pese a ello, y como el aborto produce otro trauma psicológico, ellos entienden que deben ahorrarnos el segundo trauma, es decir, el del aborto. "¿El Estado va a legislar para que en vez de un trauma, tenga dos?: el de la violación y el del aborto provocado", se preguntan.
En este punto es importante explicar, porque para un hombre debe ser muy difícil imaginárselo (supongo que para un cura, célibe, aún más) qué siente una mujer cuando es violada: se siente perdida, engañada, abusada, dolida, desamparada y, sobre todo, sucia, muy sucia. ¿Su único deseo? Olvidar. Pero olvidar rápido, con mucha prisa, como si el olvido se llevara consigo lo sucedido.
Ese olvido, si no hay embarazo de por medio, suele tardar en llegar. Pero, ¿y si hay consecuencias? En lugar de un dolor, son dos. ¿Cómo tener un bebé que cada día me va a recordar que estoy sucia, muy sucia? Yo no podría tenerlo. Entonces, ¿el Estado va a legislar para que yo tenga un hijo que no amaré, obligándonos a ambos a vivir en desgracia? ¿Cómo traer al mundo un niño que sufrirá desde que dé su primer hálito? No es justo ni para mí ni para él.
Nadie tiene derecho a decir qué trauma yo he de elegir. Yo preferiría abortar y no mirar atrás. Sería un dolor tremendo, lacerante, pero me permitiría olvidar lo que pasó: sería pasar la página y ya está. Con el tiempo, como pasa siempre, volvería a ser yo y cedería el dolor. ¿Por qué es tan difícil entenderlo?
Para la Iglesia es fácil decir que "a quien hay que penalizar es al violador, mientras que a la mujer con su criatura darle el apoyo y acompañamiento justo y solidario". Lo difícil es ponerse en nuestro lugar. Nosotras, en caso de violación, querríamos su apoyo y acompañamiento justo y solidario. Pero para parir, sino para decidir. ¡Nadie puede obligarme a tener un hijo si yo no lo deseo! Y jamás, así como no lo he tenido al día de hoy, lo tendré a menos que lo decida, lo busque y lo quiera. Un hijo no se puede tener porque un tercero, que ni siquiera me ayudará a lidiar con él, así lo decida.
Por otro lado, la Iglesia habla de los casos en que peligre la vida de la madre, dando por sentado que hay que salvar las dos vidas. Eso, por supuesto, sería lo ideal. Pero, ¿y qué pasa si no es así? ¿Puede el Estado obligarme a librar una lucha sin cuartel por salvar una vida que acabará con la mía? No me parece justo. Demasiado difícil es verse en esa disyuntiva como para además tener que dejarse morir porque así lo ha decidido alguien más.
Para ustedes, como hombres, es muy fácil sentarse a opinar acerca de la vida de nosotras. Ya está bueno de ello. Llevamos siglos actuando en función de lo que los dogmas han querido. Pero basta ya. Nadie es quien para mandar en mi útero, mi presente y mi futuro. La única responsable de mí soy yo. La Iglesia, más que boches, no me da absolutamente nada. Por tanto, no tiene derecho a decidir por mí.
Dicho esto, pasemos al punto en el que la Iglesia le recuerda a los legisladores que tienen que "legislar a favor del bien común de la vida, de la justicia, de la inclusión, de la equidad, de la solidaridad con los más pobres, necesitados y los más débiles e indefensos". En honor de ello, yo les pido que piensen qué es lo justo para una mujer abusada o que está a punto de morir: ¿condenarla por algo que no ha hecho? Eso no es equidad, solidaridad ni inclusión.
En ese mismo tenor, la Conferencia del Episcopado le pide a Dios que libre a los congresistas de "legislar a favor de la muerte para que no tengan que cargar en su conciencia la culpabilidad eterna de la condena a muerte a seres inocentes e indefensos". En honor a ello, vuelvo a preguntar: la "vida" de un inocente vale más que la mía.
Hasta aquí lo dejo. He fastidiado demasiado con este tema. A continuación les pongo el texto de la Pastoral de la Familia, por si quieren leerlo íntegro...
COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL FAMILIA-VIDA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO
“DIALOGANDO EN LA VERDAD RENOVEMOS LA SOCIEDAD”
Ante la observación a la Ley aprobada sobre el Código Penal enviada a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, referente a la penalización del aborto expresamos públicamente nuestro RECHAZO a la misma. En primer lugar porque viola nuestra Constitución: “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”. (Art. 37- Constitución de la República Dominicana, 26 de Enero 2010).
Una eventual “legalización del aborto” es dictar “pena de muerte”, a una persona por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación.
Es verdad que la violación produce un trauma en una mujer violada. Y esto no es nada deseable y del todo reprobable. Ahora bien, entiéndase bien que un aborto provocado es y será para siempre un trauma sicológico perdurable en el tiempo (Síndrome del Post-Aborto).
De modo que además del trauma de la violación, ¿el Estado va a legislar para que en vez de un trauma, tenga dos?: el de la violación y el del aborto provocado.
A quien hay que penalizar es al violador, mientras que a la mujer con su criatura darle el apoyo y acompañamiento justo y solidario.
Cuando la carta del Presidente habla de “el derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral”, referido a la mujer embarazada, nótese que es excluyente, dado que sólo se refiere a la mujer, a la que naturalmente hay que salvar siempre, no reconociendo que allí en una mujer embarazada hay otra persona, otro ser humano al que hay que salvar y no condenar, tal como establece el Art. 38 de nuestra Constitución.
El principio a tener en cuenta es que son dos vidas que están en juego. El Estado tiene el deber y la obligación de ser inclusivo y legislar para salvar las dos vidas, no para salvar una y condenar la otra.
Este mismo principio es válido para el profesional de la salud. El médico, en caso de emergencia y amenaza contra la vida de la mujer embarazada tiene el deber de atender y procurar la salvación de las dos vidas. Si en el camino de procurar salvar las dos vidas y una, tal vez la más débil, muere, no es objeto de penalización, guarda su seguridad jurídica en el ejercicio ético de su profesión, que es salvar vidas, no ir a una intervención condenando una y salvando otra. Decir que “debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada”, es producir una “condena de muerte”, cuando el médico los puede salvar a los dos.
De modo que “el interés de protección social y el respeto a la dignidad” de los profesionales de la salud, está salvado, siempre que su accionar profesional sea equitativo e inclusivo, no en desigualdad de condiciones, ni con criterios y principios de exclusión.
Creemos que no es nada coherente la justificación que dice sobre los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por los órganos competentes de la República Dominicana.
No podemos confundir para nada los fenómenos de violencia contra la mujer, con esta realidad de nuestra Constitución: “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. (Art. 37- Constitución de la República Dominicana, 26 de Enero 2010).
El Estado no tiene derecho a violar su propia Constitución, condenando a muerte vidas indefensas e inocentes.
Promover, inducir y legalizar abortos, sí es una violencia contra la naturaleza de una mujer. Implorar a los organismos internacionales, que han tratado irresponsablemente a la República Dominicana, ha de constituir una vergüenza para todos los dominicanos.
Por otra parte, un problema de “salud pública”, no se le debe atribuir al aborto, ya que causas y consecuencias de las políticas sociales y económicas del Estado, no se deben confundir con la condena a muerte de criaturas humanas en el vientre de la madre.
Como pueblo, ciudadanos y nación, ¿qué decirles a nuestros legisladores?, que cada uno de ustedes representa una población especifica del conjunto de los dominicanos. Ustedes tienen el poder de legislación por delegación de dominicanos que han depositado su confianza para legislar a favor del bien común de la vida, de la justicia, de la inclusión, de la equidad, de la solidaridad con los más pobres, necesitados y los más débiles e indefensos.
En el penúltimo párrafo de la Carta del Sr. Presidente, pareciera que devuelve a los legisladores el diagnóstico y la receta, con un argumento que nos coloca en el escenario de la vergüenza.
Ante el intento de equiparar nuestra legislación con los países del mundo que permiten la interrupción del embarazo les queremos recordar que una mentira dicha como si fuera verdad 999 veces, será siempre mentira. El aborto ha sido, es y siempre será un crimen. No hemos de querer equipararnos en el mal o lo malo, sí hemos de procurar equipararnos en lo bueno y en el bien. Es lamentable que se pretenda mutilar este Código, que pudiera ser un avance sin precedente, queriendo sumergir nuestra Nación Dominicana en la cultura de la muerte y el tener que llevar sobre hombros nobles, la humillante decisión de ser incapaces de hacer la diferencia siempre a favor del bien común y del respeto al valor mismo de nuestra propia existencia, como es la VIDA HUMANA.
Líbreles Dios de legislar a favor de la muerte para que no tengan que cargar en su conciencia la culpabilidad eterna de la condena a muerte a seres inocentes e indefensos.
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