Cuando leí el fallo me apresuré. Aunque tenía la certeza de que mi familia había llegado a República Dominicana antes de 1929, tenía que confirmarlo. La duda de sabernos de aquí o de ninguna parte, lo reconozco, me causaba inquietud.
Llegados en la década de 1780, los Aristy (que descendemos del vasco José Agustín Aristi-Chagoya) tenemos la tranquilidad de que la “camiona constitucional” no saldrá en nuestra busca y captura. Muchos otros, hoy dominicanos de muy dudosa ascendencia, no pueden decir lo mismo.
A pesar de que el fallo del Tribunal Constitucional tiene como norte fastidiar a los dominicanos de origen haitiano, la situación no sólo les afectará a ellos: cuando llegaron nuestros ancestros nadie regularizaba su situación migratoria, por lo que todos los “dominicanos” descendemos de inmigrantes ilegales o, en su defecto, extranjeros en “tránsito”.
Con apellidos de todos lados, si pensamos en qué significa ser dominicano podríamos decir que somos el producto de mil migraciones. Por eso sorprende que el Tribunal Constitucional se convierta en inquisidor de los descendientes de esas mismas migraciones. Y lo hace, que es lo más triste, con una resolución que sabe a racismo y discriminación.
Lo peor es que la decisión es retroactiva y le roba la nacionalidad a gente que la tenía legalmente, ya que hasta el 2010 se adquiría por el jus solis. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se unirán a esas miles de almas que no son nadie porque no tienen papeles? Por otro lado, ¿tratarán a los europeos y gringos como a los haitianos? La verdad, no lo creo. Nunca han mencionado a los de otros países.
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