Un balance según Participación Ciudadana

Estuvieron en diferentes lugares. Fueron nuestros ojos en el proceso electoral y, por tanto, su valoración es de gran importancia. Por ello, a continuación, el informe final que emitió Participación Ciudadana en torno a las elecciones:

Participación Ciudadana presenta hoy a la ciudadanía su balance del Proceso Electoral 2012 y en primer lugar extiende una agradecida felicitación a sus observadores, que pese a los múltiples y difíciles obstáculos que tuvieron que enfrentar, realizaron con extrema responsabilidad y precisión un trabajo valioso cuyo aporte a la democracia es innegable. Los principales aspectos de este balance son los siguientes:

1) Como indica el cómputo de la Junta Central Electoral (JCE), ratificado por el conteo rápido de Participación Ciudadana (PC), los resultados arrojados por la votación del 20 de mayo convierten al licenciado Danilo Medina en el presidente de la República para el próximo cuatrienio.

2) La jornada misma de votación fue manchada por un extendido mercado de compra y venta de cédulas y votos y por intimidaciones y violaciones a derechos humanos como el de la libertad individual y el libre tránsito.

3) Hay razones suficientes para proclamar que el proceso previo a la votación resultó gravemente viciado. Entre las violaciones que llevan hasta el punto de cuestionar la legitimidad democrática de todo ese proceso previo se incluye, de manera relevante, la intervención de los recursos del Estado y un arbitraje electoral parcializado.

4) Después de una extensa y dispendiosa campaña electoral que se caracterizó por las descalificaciones y mutuas exclusiones de los principales partidos, la sociedad dominicana queda escindida casi en dos mitades, ameritando un pacto que persiga una profunda reforma política. Esta reforma, que debe abarcar no solo los textos legales sino, y de manera mas importante, el respeto a las instituciones y la firme voluntad de cambio de los líderes, debe estar encaminada a rescatar la institucionalidad democrática y a promover una nueva cultura que supere vicios que, en lugar de encaminarse a su erradicación, ciertamente se encuentran cada vez más arraigados en las estructuras partidistas.

1.-El resultado de la votación

El conteo rápido que realizamos resultó como siempre con ínfimas desviaciones, la mayor de 0.33 por ciento y la menor de 0.04 por ciento. Estos resultados no dejan duda alguna sobre el cómputo arrojado por la Junta Central Electoral, el cual otorga la victoria a la alianza de 14 partidos encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana, con la candidatura presidencial del licenciado Danilo Medina y la vicepresidencial de la doctora Margarita Cedeño de Fernández.

La más relevante irregularidad de la jornada, cuyas primeras denuncias datan de la víspera, fue el mercado de compra y venta de cédulas que se montó por todo el territorio nacional, con el objeto de reducir electores. Aunque las denuncias involucraron a agentes de los dos principales contendientes, la generalidad de las mismas apuntaba al partido oficial, que por demás obtuvo protección, incluyendo casos en que se involucró a autoridades policiales y militares. La práctica fue denunciada por periodistas nacionales e internacionales y registrada por nuestros observadores, a uno de los cuales, en Azua, se le rompió una cámara y se le persiguió cuando fotografiaba esta práctica ilegal.

No ha habido justificación para la persecución, con aparente carácter preventivo, de dirigentes políticos y ex oficiales militares y policiales vinculados al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sin respetar el debido proceso, con numerosos arrestos, algunos tan masivos como trece personas en Cotuí, lo que generó allí una situación tan crítica que obligó a la puesta en libertad de todas ellas. Avasallador y desproporcionado fue el operativo militar para cerrar un canal nacional de televisión por una presunta infracción.

A pesar de que esas ocurrencias fueron perturbadoras y dejaron manchas sobre la jornada de votación, no es posible sostener que necesariamente cambiaron el curso de la voluntad expresada en las urnas. De no haberse producido las mismas, el resultado hubiese estado revestido de mayor legitimidad y no se habría lacerado la convivencia política. Nuestros dos informes de observación emitidos el 20 de mayo presentan los detalles.

2.- Campaña inequitativa y poco democrática

Conscientes de que la legitimidad democrática de una elección tiene que ganarse en la etapa precedente al ejercicio del sufragio, Participación Ciudadana viene poniendo énfasis en observar todo el curso de la campaña electoral, lo que empezamos esta vez con ocho meses de anticipación. Durante ese período fueron emitidos seis informes, donde se hacen explícitas las razones por las que en el sexto, del 15 de mayo, se concluye en que fue inequitativa y poco democrática.

La campaña concluyó con una apabullante publicidad de la candidatura del PLD que prácticamente monopolizó las estaciones de radio y televisión a nivel nacional, con una enorme red de comunicadores a su servicio, y como si fuera poco, descalificando hasta a los medios y comunicadores reconocidos como de más pluralidad e independencia. Llegamos a documentar hasta en 69 por ciento la proporción de la publicidad política que alcanzó esa sola candidatura en la campaña.

Deberemos mejorar sustancialmente en el futuro en materia de publicidad electoral a fin de excluir la campaña sucia, pero también la publicidad engañosa, que es sancionada para proteger a los consumidores por la Ley General de Defensa de la Competencia, y también debe serlo en las campañas electorales, para evitar casos lamentables, como el ocurrido el último día de la campaña en el que cinco de los seis diarios nacionales colocaron publicidad en forma de “portadas falsas” aparentando información objetiva que daban ganador al partido oficialista sin que se incluyera la aclaración de que se trataba de espacio pagado.

El uso de encuestas claramente compradas por los dos principales partidos, con la finalidad de crear una falsa percepción que indujera al voto por el que aparecía como ganador, demostró falta de reglamentación al respecto.

La irrupción del presidente de la República y de amplios estamentos del Estado en la campaña electoral, condicionando las políticas públicas al interés partidario, fue de tal magnitud que no pudo ser ignorada ni por la diplomática observación de la Organización de Estados Americanos. Economistas y dirigentes de oposición estiman que ya al finalizar abril el déficit fiscal del gobierno, vía aumento del gasto y reducción de los ingresos, había superado con creces la cifra de cuarenta mil millones de pesos mencionada por el Presidente Leonel Fernández en una reunión con miembros de su partido en Nueva York. Las cifras oficiales no han sido dadas a conocer.

Los programas del Plan Social de la Presidencia, de los Comedores Económicos, y los subsidios a electricidad y combustibles, cuyos precios fueron congelados, estuvieron destinados a sacar ventajas políticas ilegítimas, en algunas ocasiones violando la ley, como en el caso de los combustibles. Los dirigentes locales y legisladores oficialistas estuvieron involucrados en un multimillonario reparto de electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción encaminado a comprar o mantener la voluntad política de los sectores más carenciados. El presidente Leonel Fernández no sólo inauguró obras con una frecuencia record en actos con claros ribetes partidarios, sino que también inició otras y formuló promesas imposibles de materializar en el tiempo que le queda de gestión. Las caravanas proselitistas del Presidente Fernández por todo el país, seguido de cientos de funcionarios y empleados del Estado, a menudo en días y horas laborables, eran financiadas con dietas y salarios, con helicópteros, vehículos y combustibles pagados por el Estado.

Esta campaña cobró tres vidas y dejó una docena de heridos en Moca, Puerto Plata, Neyba, Higuey, Santo Domingo y Distrito Nacional, pero la mayor víctima fue la libertad de conciencia al consolidarse, e incluso acrecentarse el clientelismo instaurado por los partidos mayoritarios como prácticamente la única forma de hacer política electoral.

Nadie podrá estimar con objetividad el costo de la campaña electoral, con la seguridad de que una gran proporción salió del patrimonio público por la acumulación de un sistema partidario que administra el Estado como patrimonio privado en proporción a la cuota de poder que le otorgan los comicios. La falta total de transparencia con respecto a los recursos provenientes del sector privado impide aplicar medidas preventivas contra el ingreso de fondos provenientes de la actividad criminal, incluyendo el narcotráfico, y, en general, hacen imposible el escrutinio público de contribuciones que suelen ser muy costosas en término del retorno que pretenden los aportantes.

Para agravar la situación el noventa y cinco por ciento del financiamiento estatal a los partidos quedó en manos de las candidaturas de los dos partidos dominantes, dejando a las otras cuatro sin la mínima posibilidad de competir en un entorno que refleja un desproporcionado y exponencialmente creciente encarecimiento de nuestra imperfecta democracia.

3.- La parcialidad del arbitraje electoral

Este proceso electoral quedó marcado desde el principio por la recurrente politización de los órganos electorales del Estado por parte de la fuerza política dominante, lo que al igual que en el pasado, se constituyó en elemento de incertidumbre, polémicas continuas, ceguera ante los procedimientos antidemocráticos y decisiones dictadas por la conveniencia partidaria. De esas fallas no quedó excluido el recién instituido Tribunal Superior Electoral, cuyo presidente se vio compelido a salvar su prestigio con un voto disidente en la decisión que sacó del juego al Partido Nacional de Veteranos y Civiles que respaldaba la candidatura del PRD.

Desde que el año pasado se hizo saltar del cargo al jefe de informática de la JCE para colocar un incondicional, lo que hubo de ser reparado parcialmente, quedó en evidencia el carácter personalista con que se manejaría el organismo por parte de un presidente proveniente del Comité Central del PLD, quien llegó a reivindicar en una entrevista que solo a él corresponde la responsabilidad administrativa del proceso electoral y que el pleno solo tiene funciones reglamentarias y de carácter general.

La JCE resultó sorda a todas las denuncias de inequidad, con la excepción de que a diez y seis días de concluir la campaña dispuso que los medios de comunicación estatales incluyeran una pequeña cuota de publicidad a todos los partidos, a razón de siete cuñas diarias de 30 segundos cada una. Tampoco controló el uso de los recursos del Estado, aunque demostró que tiene la facultad para hacerlo cuando amonestó en una sola ocasión al PLD, al PRD y el PUN por usar recursos públicos en la campaña.

Evidencia de la reprochable parcialidad de las autoridades electorales es igualmente la discriminación que afectó a los otros cuatro partidos que participaron en el proceso: Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio y Alianza País. Los candidatos de estos partidos no solo fueron victimas de un sistema electoral injusto en la distribución de los recursos y las oportunidades de promoción, sino también del maltrato de una Junta Central Electoral que no los tomó en cuenta e ignoró sus derechos, llegando al extremo de no dar respuestas a instancias depositadas por esos partidos en tiempo hábil.

También se hizo caso omiso a los reclamos para que la JCE hiciera uso de las facultades que le otorga la nueva Constitución de la República para regular las campañas electorales en orden a la equidad y los procedimientos democráticos. Alegó que no podía hacerlo en ausencia de una ley, lo que contradijo con la adopción de disposiciones aisladas que demostraban lo contrario.

La prepotencia con la que actuó la JCE quedó expuesta en el tratamiento dado a Participación Ciudadana y sus consistentes esfuerzos por entorpecer nuestra observación electoral, al extremo de haber entregado un documento a la prensa donde se denunciaba la presencia de delincuentes de toda laya en nuestra red, sin haber podido luego documentar un solo caso en que algún observador hubiese perdido sus derechos civiles y políticos. Todavía Participación Ciudadana espera la consiguiente reparación por ese atropello incalificable.

Cumpliendo con nuestra obligación de objetividad informamos y ahora ratificamos que desde el punto de vista logístico y del cumplimiento del calendario electoral, con excepción de los aspectos ya señalados, fueron unas elecciones bien organizadas y los resultados fueron divulgados con mayor celeridad que en el pasado.


4.- Necesidad de una profunda reforma política

El resultado de las elecciones que divide a la sociedad en dos mitades casi iguales, que deja a un partido de oposición, como principal fuerza política, con 200 mil votos sobre el gobernante, y las precariedades fiscales e institucionales que enfrentará el nuevo gobierno, obligan a una concertación para reparar heridas y descalificaciones, garantizar la gobernabilidad y mejorar sustancialmente la calidad de la democracia dominicana, incluyendo los procesos electorales.

Saludamos las declaraciones del presidente electo, Danilo Medina, llamando a la reconciliación y a la colaboración, y la disposición del candidato del PRD, Hipólito Mejía, a luchar por reformas que hagan más equitativo y democrático el sistema político y los procesos electorales. También tomamos nota de la promesa de dirigentes del PLD, como el doctor César Pina Toribio, de que se hará realidad la Ley de Partidos Políticos que se viene consensuando desde hace 13 años y que en el 2009 fue objeto de acuerdos entre los dos partidos mayoritarios.

Un gran pacto de gobernabilidad tiene que conllevar no solo la aprobación de una ley de partidos, sino también del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Electoral elaborado por una misión técnica de la OEA, cursado en el Congreso Nacional, el cual contiene importantes regulaciones de las campañas electorales, que ahora deben ampliarse de cara a la experiencia de estas elecciones.

Pero no se trata solo de promulgar nuevas leyes para ignorarlas o de ufanarse de preceptos constitucionales vanguardistas que son flagrantemente vulnerados. Esta sociedad tiene que iniciar un proceso de renovación que supere la anomia que la afecta. Urge crear una nueva cultura de respeto a los procedimientos democráticos para colocar el país en la modernidad del siglo 21 y en la competitividad internacional.

La responsabilidad de las rémoras no es sólo de quienes nos gobiernan hoy, sino de todos los que lo hicieron en el pasado y que recurrieron a prácticas que ahora denuncian, cuando en su momento tampoco hicieron las reformas políticas necesarias para garantizar la equidad y la voluntad democrática de la ciudadanía.

Crear esta nueva cultura es tarea que nos involucra a todos y a todas, desde los partidos políticos, el Estado dominicano, las organizaciones sociales, las iglesias, el empresariado, los obreros y la ciudadanía en general, sin exclusión, aportando la voluntad y el esfuerzo con buena fe y pensando de manera colectiva en el futuro. Este es el norte de Participación Ciudadana y hacia el dirigimos nuestras acciones.