Los pecados de Human Rights y de la prensa

Cuando usted presenta un informe sobre un país acosado por la comunidad internacional, donde todo el mundo está al borde de la histeria y las crispaciones se multiplican cual peces en manos de Jesús, debe ser demasiado riguroso: los hechos tienen que estar contrastados con muchos ejemplos y los datos tienen que ser actuales; de nada sirve presentar una realidad que ya no existe porque, al hacerlo, usted parecerá sesgado y, puede estar seguro, lo acusarán de manipular y formar parte de un plan conspirativo.

Ese fue, precisamente, el primero de los errores que cometió Human Rights Watch: hace afirmaciones taxativas a pesar de que su informe no documenta suficientes casos (cita algunos pero son muy pocos) y mezcla situaciones actuales con otras que ya se resolvieron. Por ejemplo, presenta a cuatro personas a las que la Junta Central Electoral (JCE) les había suspendido sus actas de nacimiento y que dieron testimonio de que estaban esperando que les devolvieran sus documentos (en sus palabras no habían dejos de esperanza). El informe jamás consiga, sin embargo, que esas personas forman parte de las 55 mil ciudadanos a los que la JCE les validó recientemente las actas de nacimiento.

Por otro lado, que es lo que más reacciones ha traído, dicen lo siguiente: “La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y, a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera”. Y agregan: “El gobierno debe cesar inmediatamente de expulsar a dominicanos de ascendencia haitiana y debe garantizarles sus derechos”.

Al decir esto, la gente piensa inmediatamente en el plan de regularización, puesto que en estos momentos miles de haitianos han regresado a su país porque no tienen documentos y estaban viviendo ilegalmente en la República Dominicana. Entre los que se han ido, de manera voluntaria -algo que Human Rights no menciona- no hay dominicanos de ascendencia haitiana: todo el que ha cruzado la frontera en los últimos días es haitiano y se ha marchado para evitar ser deportado en el futuro.

Human Rights perdió de vista que cuando le pide al Gobierno que deje de expulsar inmediatamente a los dominicanos de ascendencia haitiana está asegurando (aunque quizás no se lo haya propuesto así) que eso está sucediendo en este momento. Los pocos casos que ilustra, con nombres y apellidos, son de principios de año y fueron denunciados en la prensa. Después que se publicaron los hechos en los periódicos, hay que resaltarlo, estas deportaciones (que fueron pocas) cesaron. Human Rights no lo consigna.

Otro grave error del organismo es que mezcla los procesos de regularización y naturalización. Cuando habla de deportaciones dice que el Gobierno anunció que no deportaría desnacionalizados hasta agosto del 2015. El Gobierno, sin embargo, jamás ha dicho que deportará desnacionalizados: ha hablado de que deportará extranjeros que vivan en República Dominicana de manera ilegal, es decir, aquellos que no aplicaron al plan de regularización.

"Para permitir que las personas aprovecharan los beneficios de la ley (de naturalización) y brindarles el tiempo necesario para inscribirse, el gobierno anunció que interrumpiría las deportaciones de las personas desnacionalizadas hasta el 15 de junio de 2015. Más tarde, esta fecha se trasladó a principios de agosto de 2015", dice textualmente el informe de Human Rights.

Al confundir las cosas, Human Rights obvió un detalle fundamental: los que se verán afectados con las deportaciones son inmigrantes indocumentados, no desnacionalizados, que no pudieron ingresar al plan de regularización porque no tienen documentos. ¿Quién falló ahí? El gobierno de Haití, que en ningún momento hizo un esfuerzo por documentar a su gente. Hoy, sin embargo, condena a República Dominicana por ejercer su derecho de regular la migración.

Este fue el desacertado panorama que presentó ante la prensa nacional el director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien pagó por los platos rotos del entuerto hecho por su personal ya que no le pudo responder a los periodistas dónde estaban las deportaciones que denunciaba porque simplemente hablaban de dos cosas distintas: los periodistas asumieron que Vivanco estaba diciendo que en estos momentos hay deportaciones de dominicanos de ascendencia haitiana (algo que no está sucediendo), mientras que Vivanco hablaba de las deportaciones de principios de año (tan mal documentado que no pudo citar el caso de las monjitas que fueron enviadas a Haití con un grupo de niños, por ejemplo, o la de un joven al que deportaron porque andaba sin su cédula).

Para colmo cuando Vivanco mencionó las deportaciones -que no se han dado porque lo que hay es retorno voluntario, insisto-, los periodistas asumieron además que estaba criticando el proceso de regularización. Por eso le preguntaron, erróneamente, que por qué ellos no criticaban a Bahamas. Vivanco, que al parecer no se empapó del tema, nunca se dio cuenta del embrollo y terminó enredándose inexorablemente.

Vivanco lo que debió decir es que ellos temen que se llegue a deportar a los afectados con la sentencia 168-13. Esos afectados, sin embargo, no serían las decenas de miles que ellos mencionan: esas decenas de miles recibirán sus documentos porque la JCE ya validó sus actas de nacimiento. Quedarán casos, por supuesto, pero serán mínimos. A causa de ello, la tesis principal de Human Rights se cae.

Establecidos los pecados de Human Rights Watch, sólo queda hablar de la prensa, que se comportó como cualquier cosa menos como lo que es. Una buena parte de los periodistas, cual si fuesen activistas, hicieron galas de un desaforado fervor patriótico que les hizo perder la compostura y convirtió la rueda de prensa en un desorden de marca mayor: en lugar de contrastar las declaraciones, se enfocaron en "desnudar" a Vivanco enrostrándole que no tenía pruebas; ¿no era más lógico preguntar, con serenidad, todo lo que tenían que ripostar?

La intención, al parecer, fue caotizar la rueda de prensa, acorralar a Vivanco y, puestos a ello, humillarlo porque "ofendía al país". Es triste pero, tras saber que ahí había dos periodistas que trabajan en la Dirección General de Comunicación (DICOM) de la Presidencia, cuesta creer que todo lo que sucedió fuera espontáneo: media hora antes de que iniciara la rueda de prensa uno de ellos tuiteaba que Human Rights aún no había aparecido y se preguntaba: "¿se habrá arrepentido de sus falacias?". ¿Cómo saber que dirían falacias si aún ni siquiera les habían visto la cara?

Había muchas cosas que rebatirle a Human Rights Watch (acabo de demostrarlo, en efecto). La forma de hacerlo, sin embargo, no fue la correcta: los periodistas estamos para preguntar, contrastar, cuestionar y dejar en evidencia, siempre manteniendo el respeto, a quien no está diciendo la verdad.

Sé que a muchos les molestó el tono con el que hablaba Vivanco. También que hiciera recomendaciones que van más allá de cualquier lógica, como la de que se impida el ingreso de RD al Caricom, así como otras que no tienen razón de ser porque plantean situaciones ya superadas. A pesar de la molestia, los periodistas nunca debieron reaccionar con hostilidad y violencia: no es nuestro papel. Desnudar al entrevistado, con hechos y palabras, es la mejor de las venganzas y nos hacer quedar muy bien. ¡Nunca lo olvidemos!

Lo peor de todo esto es que algunos periodistas tiraron por la borda una oportunidad de oro: en lugar de hacer crónicas que pusieran en evidencia a Human Rights Watch, se centraron en el escándalo mediático y hablaron básicamente del match que se dio en ese ¿improvisado? ring. Así no se hace periodismo.